Colectivo AAODI exige la destitución del titular de Coepi
Chihuahua, Chihuahua, a lunes 15 de noviembre del 2021
El colectivo de Antropólogas y Antropólogos Observantes de los Derechos Indígenas solicita a la gobernadora Campos y al diputado Bazán actuar con ética y responsabilidad.
El pasado jueves 11 de noviembre el colectivo Antropólogas y Antropólogos Observantes de los Derechos Indígenas (AAODI) entregó una carta firmada por 45 profesionistas de la antropología especializados en la realidad de la Sierra Tarahumara a la gobernadora Maria Eugenia Campos y al Diputado Omar Bazán. Solicitaron la destitución como titular de COEPI del Lic. Enrique Alonso Rascón Carrillo por conflicto de intereses, al formar parte del grupo de políticos priístas que busca despojar, desplazar de su territorio y perseguir penalmente a la comunidad rarámuri de Mogótavo. También solicitan al diputado Bazán de desistir de sus intentos de despojo y acoso judicial a la comunidad rarámuri asentada desde tiempos inmemoriales en su territorio.
El colectivo describe la vocación extractivista que el Estado ha impulsado en el territorio serrano, y que hasta la fecha aún promueve y facilita con el argumento del desarrollo y el crecimiento económico y que, lejos de beneficiar a las comunidades indígenas, ha ocurrido en detrimento de sus derechos humanos. Las afectaciones van desde el despojo y explotación desregulada de sus recursos naturales, alentado por un contexto de discriminación social e institucional hacia la población originaria, además de una cultura de corrupción y clientelismo que reproduce esta situación y da pie a otras tan graves como la narcoeconomía y su violencia asociada.
No obstante que las comunidades cuentan con un proyecto de vida propio, históricamente el estado ha prestado oídos sordos a sus voces, aplicando medidas verticales. El comunicado explica que la región sigue ocupando los lugares más bajos en desigualdad y calidad de vida mientras ve como toda la riqueza se va a otros ámbitos y bolsillos.
En su texto se describe que un enfoque de derechos humanos como el diseñado en la creación de la COEPI en el 2016 y un equipo experimentado en la cultura indígena y con una trayectoria de servicio para el mejoramiento de sus condiciones de vida es el adecuado para ser aplicado en un contexto en el que erradas políticas públicas han propiciado violencia, desigualdad y exclusión. El pronunciamiento del colectivo AAODI enfatiza, sin embargo, que la designación como comisionados de COEPI desde las altas esferas y de perfiles contrarios a la defensa de los derechos indígenas resulta la forma menos idónea para el cumplimiento de la importante y urgente tarea y obligación que el Ejecutivo encara ante los pueblos, con quienes tiene una gran deuda histórica que saldar.
El colectivo manifiesta su preocupación de que los vínculos de Rascón con las prácticas de despojo de los intereses de bienes raíces incrementen la tendencia a la violación de derechos, reproduciendo aún más la problemática y piden escuchar las voces de personas integrantes de comunidades indígenas organizadas que también demandan atención a este punto.
Frente a este panorama, AAODI, basados en el ejercicio profesional de sus integrantes del análisis, acercamiento e incidencia en el ejercicio de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado asume la necesidad de hacer pública su posición frente a esta preocupante manifestación de discriminación institucional por parte de la gobernadora y el diputado, invitándoles a reconsiderar sus decisiones y retomar su obligación legal y responsabilidad ética en el ejercicio de su función pública.